Hoy, todos los medios de comunicación se hacen eco de la ofensiva anticlerical del PSOE emprendida bajo la excusa de que la Iglesia debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La dirección socialista ha cursado las instrucciones precisas para que sus grupos municipales debatan en los Plenos una moción tipo exigiendo dicho pago. D. Gaspar Zarrías, ese pulpo tramposo a la hora de votar, ha sido el encargado de remitir a sus grupos municipales esa moción tipo. Se trata de una antigua técnica socialista: usar los Plenos municipales como caja de resonancia de asuntos cuya resolución no corresponde a los Ayuntamientos, sino a instancias superiores. Saben de sobra que los Plenos municipales no pueden modificar la Ley de Haciendas Locales, ni la Ley de Bases del Régimen Local, ni la Ley del Mecenazgo y Fundaciones, ni los Acuerdos con la Santa Sede, requisitos previos e indispensables para que pueda prosperar esta propuesta, pero a la dirección socialista eso no le importa. Su intención evidentemente es volver a convertir los Plenos de los Ayuntamientos en caja de resonancia de sus iniciativas, en provocar debates que fracturan y enfrentan a los vecinos sin que de ello pueda derivarse la efectividad de sus propuestas. Esta técnica de usar los Plenos municipales ya la desarrollaron en tiempos de los gobiernos de Aznar. Cada vez que una mujer era asesinada presentaban mociones a los Plenos culpando al Gobierno de España y criminalizándolo por desarrollar unas políticas cuyos frutos, según ellos, eran esas muertes. Parecía que era Aznar el asesino. Se trataba de una miserable utilización de las víctimas de la violencia machista como se puso en evidencia con el hecho de que durante los Gobiernos de Zapatero no se repitieran mociones similares, a pesar de los cientos de mujeres asesinadas en este período.

Se plantean muchos interrogantes sobre las razones y la oportunidad de esta iniciativa socialista. La primera es ¿por qué no lo han regulado los socialistas durante sus casi ocho años de gobierno? ¿No ha tenido tiempo el PSOE para hacerlo bajo los mandatos del Sr. Zapatero? Y no será porque el PSOE no tuvo tiempo, ni porque el PSOE no abordase la cuestión de la financiación de la Iglesia ante otras prioridades, porque sí lo hizo. Es más, la regulación actual es la que la Vicepresidenta Fernández de la Vega negoció y acordó con la jerarquía eclesiástica. Por tanto ¿a qué viene ahora esta campaña? Todo parece indicar que se trata de poner en apuros al Gobierno al introducir en la agenda política un asunto que distraiga la atención sobre la grave situación económica que han legado y que, a pesar de que apesta a rancio anticlericalismo, debe ser considerado electoralmente rentable por los estrategas electorales socialistas. Claro que en esta ceremonia de la confusión, no han faltado a la cita algunos alcaldes del PP bastante indocumentados como D. Bartolomé González de Alcalá de Henares.

Sin ir más lejos, hoy el secretario de Organización del PSOE, D. Óscar López, ese brillante candidato que un mitin no recordaba que tres razones iba a esgrimir para votar al PSOE, ha pedido a la Iglesia que "haga un esfuerzo" como "hace todo el mundo en épocas" de crisis como ésta y que pague el IBI. La duda es ¿por qué mencionan sólo a la Iglesia? ¿Por qué se centran en la Iglesia cuando no se trata de la más beneficiada de la exención de este impuesto? Es verdad que la moción tipo habla de las diversas confesiones religiosas, pero en sus discursos y declaraciones los socialistas centran su mirada en la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa con las Fundaciones de los Partidos Políticos y de los Sindicatos? ¿No tienen también que hacer ese esfuerzo fiscal? ¿Y la Cruz Roja y las demás instituciones y fundaciones deportivas o culturales que no pagan el IBI? De esas ni palabra. No queda más remedio que deducir lo dicho anteriormente que estamos ante una campaña anticlerical y anticatólica, ante una campaña oportunista e ineficaz.

No se discute que todos debamos hacer un esfuerzo superior en tiempos de crisis, no. Pero resulta francamente impresentable que el Sr. Óscar López pida ese esfuerzo fiscal mientras él disfruta de unos privilegios fiscales que no tenemos el resto de los españoles. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura? ¿Van a hacer también ese esfuerzo nuestros parlamentarios y se van a someter al régimen fiscal general y al Régimen general de la Seguridad Social? El Sr. Óscar López, el Sr. Zarrías y todos lo demás parlamentarios viven a costa de los impuestos de todos los ciudadanos y amparados en un paraíso fiscal: las Cortes Españolas. Estos señores que piden esfuerzos fiscales y sacrificios a todos son los primeros que se benefician de un régimen fiscal escandaloso. Pagan a Hacienda, independientemente de sus retribuciones, como si fueran mileuristas y dejan la mayor parte de sus ingresos exentos de tributación, además de beneficiarse de toda clase de prebendas como las relativas a los períodos de cotización para cobrar la pensión de jubilación máxima. Pues así no se tiene legitimidad alguna para pedir esfuerzos ni a la Iglesia ni a nadie. El día que la clase política no tenga esos privilegios fiscales, el día que nuestra clase política tenga un comportamiento ejemplar en cuanto al uso y destino de los fondos públicos que ponemos en sus manos para que nos representen, ese día podrán tener alguna credibilidad sus propuestas. Mientras tanto, que nos dejen en paz y que no nos traten de engañar con fuegos de artificio.

Santiago de Munck Loyola

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Estos días, los medios de comunicación ya dan por hecho quién será el próximo Presidente Provincial del PP de Alicante, D. José Ciscar, aunque al día de hoy no sea más que el único aspirante que ha hecho público su deseo de alcanzar dicho puesto. Dar por sentado que esto va a ser así es perfectamente coherente con la trayectoria seguida últimamente en algunos cónclaves del Partido Popular pero en modo alguno puede ser visto como un síntoma de salud democrática de esta organización. Como tampoco es muy positivo para esa salud la convocatoria de los Congresos Provinciales los días 14 y 15 de julio, es decir, en medio de un mes de vacaciones por excelencia en el que muchos afiliados estarán posiblemente de vacaciones y no podrán participar en dicho proceso, salvo que se trate precisamente de eso, de no incentivar la participación de la militancia para que el Congreso se convierta en el tranquilo, en un paseo triunfal. ¿Qué es eso de que D. José Ciscar presenta su candidatura en un “Congreso pactado”? ¿Pactado entre quién? Entre los afiliados no, desde luego. http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/24/ciscar-anuncia-candidatura-presidir-pp-alicante-congreso-pactado/1257030.html

Los más de 70.000 afiliados del Partido Popular de Alicante no podrán elegir de forma directa a su Presidente Provincial como tampoco pueden formular enmiendas a las ponencias congresuales porque así lo establecen los Estatutos de la organización. Su participación en el Congreso Provincial se hará de forma indirecta, es decir, a través de los compromisarios previamente elegidos en las Asambleas locales. Establecido y aceptado así el sistema, no estaría de más, si se cree de verdad en la democracia interna y en la participación y protagonismo del militante, que la Comisión organizadora del Congreso Provincial, presidida por D. Pascual Díaz, adopte en esta ocasión todas las medidas necesarias y reglamentarias para incentivar una posición activa de la militancia y una verdadera libertad interna sin que nadie se vea sometido a las intolerables presiones de las “familias y sensibilidades” que, al parecer, dominan la vida interna del partido. En los Estatutos del Partido Popular el único sujeto de derechos y obligaciones que figura es el afiliado, el militante. Por más que uno busque no aparece mención alguna a “familias, clanes o sensibilidades” como protagonistas de la acción política interna como es lógico. “Familias, clanes o sensibilidades” son entes más propios de otro tipo de organizaciones dedicadas a fines menos respetables que los que se supone integran la actividad de una organización política.

En cualquier caso y a modo de humilde sugerencia para la Comisión Organizadora, una vez asumida esta fecha de celebración tan disuasoria de la participación interna, no estaría de más que, entre otras cosas, adoptasen las siguientes:

- En el caso de aprobar un Reglamento para el Congreso Provincial que se haga público y no se oculte a los afiliados como ocurrió en el XIII Congreso Regional del PPCV.

- Que se comunique de forma fehaciente a los afiliados y por todos los medios de comunicación posible las circunstancias relativas al Congreso Provincial de Alicante: fechas, lugar, orden del día, derechos de los afiliados, posibilidad de presentación de candidaturas, posibilidad de concurrir como compromisarios, plazos para hacerlo, etc.

- Que se adopten los mecanismos necesarios para garantizar la neutralidad de las sedes locales cuando hayan de celebrarse votaciones para la elección de compromisarios de modo que el personal y los medios pagados con las cuotas de todos los afiliados no estén sólo al servicio de una parte de los compromisarios, tal y como ha ocurrido recientemente en la ciudad de Alicante.

- Que en el caso de la celebración de votaciones para la elección de compromisarios se prohíba el reparto de papeletas marcadas en las puertas de las sedes con la consiguiente coacción al votante que ello supone, que se garantice el voto secreto en las sedes y que se garantice la actuación de los interventores en caso de existir.

Se trata en todo caso de que por parte de la Comisión Organizadora se promueva la participación activa y real de los afiliados y que se adopten las garantías necesarias para el libre ejercicio de esa participación. No parece que sea mucho pedir. Son cuestiones elementales y básicas cuya ausencia o no determina perfectamente la calidad de la democracia interna de una organización política. Es muy posible que hasta ahora la mediocridad de algunos les haya hecho temer una amplia y masiva participación de los afiliados, pero eso debe cambiar. No hay razones para desconfiar de una militancia que siempre sabe estar a las duras y a las maduras, de una militancia desinteresada y con un compromiso político mucho mayor del de muchos arribistas que sólo ven y usan al partido como un instrumento al servicio de sus intereses personales y, por lo que últimamente se lee en la prensa, no muy edificantes al parecer. La militancia no está sólo para rellenar actos políticos, pagar las cuotas o hacer de interventores o apoderados. La militancia es y debe ser la protagonista en un partido político serio y democrático. Y el que no lo crea así que lo diga bien claro.

Santiago de Munck Loyola

Estos días estamos asistiendo al debate abierto por la posibilidad de que los vascos exiliados por culpa de ETA, entre 150.000 y 300.000 según las distintas fuentes, pudieran participar en los procesos electorales que se celebren en su tierra. El anuncio efectuado por el Ministro del interior de que el Gobierno está estudiando esta reforma legislativa, propuesta por el Presidente de los Populares vascos Antonio Basagoiti, ha provocado diferentes reacciones, algunas de ellas muy significativas que han retratado a sus autores, una vez más, a la perfección.

Lo que nadie admite en voz alta es el fondo del asunto y que va mucho más allá de que los exiliados por culpa del terrorismo puedan o no votar. Será seguramente políticamente incorrecto pero el fondo de la cuestión es que la presencia ininterrumpida de la violencia etarra ha generado, entre otras cosas, un déficit de legitimidad de las instituciones vascas. Para que unas instituciones democráticas gocen de legitimidad de origen plena es imprescindible, y en ello coinciden todos los politólogos como Duverger, que se den una serie de requisitos básicos y esenciales de modo que el voto ciudadano pueda ejercerse con total y absoluta normalidad. En las últimas décadas, en el País Vasco, las libertades y derechos fundamentales consustanciales a un estado democrático pleno no se han desplegado con total y absoluta normalidad. Empezando por el derecho a la vida y a la integridad física y moral y siguiendo por el derecho de reunión, la libertad de asociación o de prensa, la libertad para elegir o ser elegido no han sido plenos en los territorios vascos. Las elecciones que se han venido celebrando allí siempre han estado bajo la amenaza de la violencia y la coacción permanente de los etarras y su entorno por lo que las instituciones surgidas de las mismas se han constituido mediante unos resultados electorales que de no haber mediado la violencia hubieran sido distintos. Es un hecho y una evidencia incuestionable, guste o no.

Y a esa situación perturbadora de la vida democrática hay que añadir que los resultados electorales y las instituciones nacidas de los mismos se han realizado con la exclusión de miles de ciudadanos que tuvieron que marcharse por miedo.

Ahora parece que existe en el Partido Popular cierta voluntad de reparar esa injusticia histórica. No obstante, al anuncio del Ministro, ha seguido la rápida matización del portavoz Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aclarando que la propuesta tiene “dificultades técnicas” y que debe ser analizada jurídicamente, por lo que se han convocado unas jornadas de estudio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su parte, desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha interpretado la iniciativa como una "cortina de humo" del Ejecutivo y ve esta propuesta "de difícil solución constitucional" porque, según él, en propiedad en España no existen exiliados y la disminución del censo electoral en Euskadi puede obedecer a muchos otros factores que no tengan nada ver con la presión de ETA.

Pero, como siempre, los que se han vuelto a retratar con precisión son los del PNV. El PNV ha trasladado a Europa este debate. Los nacionalistas quieren que la Comisión Europea dictamine si esta propuesta es factible dentro de los estándares de la UE. Consideran que esta medida daría “lugar a un votante con doble derecho a voto inédita en el panorama jurídico europeo”, e indican que la reforma propuesta por Fernández Díaz “se basa en un concepto, como el de las personas que han abandonado el País Vasco por la presión terrorista, imposible de objetivar desde una perspectiva material y en consecuencia jurídica”.       

Claro que al considerar el recelo de los nacionalistas vascos a que se devuelvan los derechos políticos y civiles a los vascos expulsados de su territorio por la violencia etarra, no queda más remedio que recordar la frase de Arzalluz: “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Y no es difícil adivinar quién ha estado sacudiendo el árbol y quién ha estado recogiendo las nueces para repartirlas, reparto que con el voto de los exiliados podría variar sustancialmente.

Por muchas dificultades técnicas y jurídicas que pudieran plantearse, lo cierto es que son perfectamente salvables. Hoy se puede devolver el voto a quienes se han visto injustamente privados de ello y hay mecanismos legales y técnicos para hacerlo, además con absolutas garantías para su ejercicio libre y secreto. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. Lo que no puede el Partido Popular es esperar el más mínimo respaldo de quienes han estado repartiendo las nueces durante todos estos años.

Santiago de Munck Loyola

Si alguien esperaba del Congreso del PPCV que acaba de finalizar en Alicante un profundo cambio de hábitos, estilo, modelo de Partido o de políticas sectoriales seguramente habrá quedado defraudado. Este Congreso, imprescindible para la legitimación de un liderazgo regional, ha estado marcado por los desencuentros con Rus y Barberá, motivados más por cuestiones de reparto de poder que por discrepancias ideológicas, las ausencias de los predecesores de Alberto Fabra al frente del PPCV, el camuflaje de la inmensa mayoría de los, hasta hace muy poco tiempo, súper campistas, el vacío de la dirección nacional del Partido Popular presente en el Congreso a través de videos protocolarios, la inexistencia de una profunda autocrítica y la pérdida de una inmejorable oportunidad para poner los medios necesarios para hacer realidad la apuesta del nuevo Presidente por la regeneración del Partido.

Como era de esperar se han producido muchas intervenciones y, como es habitual en estos casos, se han deslizado afirmaciones que son, cuando menos, cuestionables. Baste citar, de una parte, a Esteban González Pons, vicesecretario nacional de Estudios y Programas del PP, que intentando, quizás, limpiar la imagen del PP valenciano, ha llegado a afirmar lo siguiente: "Que se identifique la Comunidad Valenciana con el fraude y el despilfarro no se puede consentir". Esta frase participa plenamente de la técnica empleada por los nacionalistas consistente en transformar las críticas a su gestión partidista con críticas a su región. Y no, no parece que sea ése el sentir de la calle. Parece más bien que cuando se alude al “fraude o al despilfarro” no se alude a la Comunidad Valenciana, sino a algunos gestores de las instituciones de la Comunidad Valenciana. Mal se pueden corregir las enfermedades cuando no se es capaz de acertar en el diagnóstico y, en este caso, el error parte de no haber querido o sabido realizar una autocrítica seria y profunda.

De otra parte, la Alcaldesa de Alicante y Diputada Autonómica por la Provincia, Sonia Castedo, afirmó que "la ciudadanía no está para bromas, ni para debates estériles, los ciudadanos no quieren saber nada de cuotas, ni de pulsos de poder interno, ni siquiera quieren saber nada de nombres y apellidos”. Y tiene toda la razón, pero debería aplicarse el cuento y no haber impuesto su correspondiente cuota en el reparto de los 51 compromisarios al Congreso que le correspondían a la ciudad de Alicante. Una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.

En contraste con la pretensión de regeneración del Presidente Fabra no ha prosperado la enmienda a la ponencia de estatutos del PPCV presentada por D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no pudiesen compatibilizar ese cargo con otros. Lo más sorprendente es que ni siquiera ha llegado a ser debatida argumentando que se trata de un tema propio de los Estatutos Nacionales del Partido Popular. Dejando al margen la validez o no de ese argumento, lo cierto es que la insuficiente regulación establecida en el Art. 7.2 Estatutos Partido Popular no cierra la puerta al establecimiento de criterios más restrictivos en los Estatutos Regionales si se adecuan al objetivo y pretensión de la norma nacional. Pero aún admitiendo la validez del argumento de que se trata de una materia propia de la regulación nacional, nada habría impedido al Congreso aprobar una Carta de Compromisos de los cargos públicos del PP en la que, entre otras cosas, se recogiese la dedicación exclusiva de los cargos públicos electos impidiendo simultanear dos puestos e, incluso, la incompatibilidad con el desarrollo de actividades privadas. Los electores, los vecinos de una ciudad como Alicante, por ejemplo, merecen que sus cargos electos se dediquen al cien por cien a la actividad para la que han sido elegidos y no que la simultaneen con otros puestos que para ser bien desempeñados, también exigen una dedicación completa. De lo contrario se está trasladando un mensaje perverso a los ciudadanos: el de que ser diputado o Alcalde de una ciudad no requiere una dedicación completa a pesar de que se cobra como si tal dedicación se produjese.

Y tampoco habría estado de más que en ese deseo de regeneración se hubiesen adoptado medidas para impulsar y facilitar la participación de los 142.000 afiliados del PPCV, para garantizar la pluralidad y la concurrencia en los próximos procesos electorales internos así como la neutralidad en los mismos de los “aparatos locales y provinciales” que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia.

En todo caso, los mejores deseos para el nuevo Presidente y para su equipo que tienen una difícil y complicada tarea por delante.

Santiago de Munck Loyola

Este fin de semana se celebra en Alicante el XIII Congreso del partido Popular de la Comunidad Valenciana. Todo parece indicar, si no se producen novedades de última hora, que va a tratarse de un Congreso muy descafeinado en el que posiblemente la mayor noticia va a ser la ausencia de líderes nacionales del Partido Popular. Tan sólo ha anunciado su presencia el Sr. González Pons, como Secretario de Estudios y Programas del partido Popular, y los Presidente autonómicos de Galicia, Sr. Feijó, y de Baleares, Sr. Bauzá. Nada que ver con la habitual presencia de altos cargos populares, Ministros incluidos, en los demás Congresos regionales que se han venido celebrando hasta la fecha. Algo debe estar pasando y no parece que sea nada bueno para el peso de la organización regional que tradicionalmente se le venía atribuyendo en el seno del Partido Popular. Si no se producen cambios de última hora, parece que la legitimación de Alberto Fabra como Presidente Regional electo no va a estar apadrinada ni subrayada con la presencia ni de la Secretaria general ni del Presidente del PP, algo que no se comprende teniendo en cuenta el enorme peso del PPCV en el conjunto del Partido Popular, tanto por su número de afiliados, como por sus resultados electorales. Da la impresión de que en Madrid están poniendo distancia ya sea por las secuelas de determinados escándalos que han salpicado al PPCV o por los resultados económicos de su gestión al frente de la Generalitat Valenciana.

Sea como fuere, este Congreso se presenta bastante tranquilo para satisfacción de quienes identifican la falta de alternativas y de debate interno como algo tremendamente positivo. No resulta muy comprensible ese empeño de algunos en afianzar el liderazgo de Alberto Fabra sobre la inexistencia de opciones diferentes y que en ello hayan puesto todo su empeño a lo largo de los últimos meses. La pluralidad enriquece, les guste o no, y un liderazgo surgido de la pluralidad fortalece. Lo demás sueno un poco a “la búlgara”.

Los rígidos cauces de participación que estatutariamente tienen los afiliados del Partido Popular y el incumplimiento de las normas internas de participación por parte de algunos dirigentes locales impiden que al Congreso Regional puedan llegar ideas o propuestas nacidas en las bases del Partido. Las bases de un partido político no las conforman los “cuadros” del mismo, los cargos electos o los cargos de confianza que inundan las administraciones públicas. Las bases las conforman los 142.000 afiliados del PPCV y que en su inmensa mayoría no pertenecen a los “cuadros” del Partido, ni son cargos públicos, ni de confianza. Son en su inmensa mayoría estudiantes, amas de casa, jubilados, empleados públicos, profesionales, comerciantes, desempleados, autónomos, agricultores, etc. y si se realiza un perfil medio de los compromisarios se podrá comprobar que no se corresponde con el perfil medio de los afiliados del Partido. Es muy difícil que quienes su medio de vida depende de sus superiores jerárquicos del partido puedan proponer, deliberar o elegir sin ningún condicionante.

Abrir las puertas a la comunicación y a la participación no es malo, todo lo contrario. Sólo pueden rechazarlo quienes tienen algún temor a que su estatus político pueda verse mermado con la apertura y el aire fresco. Es casi imposible que los 142.000 afiliados puedan estar adecuadamente representados en un Congreso, pero hoy en día y con los medios informáticos y las redes sociales existentes es muy fácil, sano y enriquecedor facilitar que los 142.000 afiliados del PPCV puedan opinar y proponer directamente sobre las ponencias de un Congreso regional. Que al día de hoy sólo los compromisarios puedan presentar enmiendas a las ponencias y no los afiliados constituye un anacronismo y un filtro antidemocrático. Es muy posible que nadie lo proponga en este XIII Congreso, pero bueno sería que fueran tomando nota de esa posibilidad: que los afiliados del PP, además de pagar sus cuotas, tengan derecho, como en otros partidos, a presentar enmiendas en los Congresos. No es mucho pedir ¿no?

Santiago de Munck Loyola

El pasado mes de abril, el jefe del Consell y Presidente Regional del PP, Alberto Fabra, manifestó que era necesario "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad". Hace pocos días, Alberto Fabra, ha justificado dos dimisiones de cargos autonómicos imputados en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con el Instituto Nóos argumentando que "los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad". Fabra añadió que "en esta administración no puede haber imputados porque los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad: Desde mi Gobierno tenemos muy claro que aquellas personas que estén involucradas en algún proceso judicial van a tener que dejar sus responsabilidades" y que "en estos momentos no podemos hacer otra cosa que seguir generando la confianza en el ciudadano, que está exigiendo ejemplaridad".

Parece que el Presidente participa, de una parte, de la generalizada confusión existente en torno al concepto de “imputación” y, de otra, que no aplica el mismo criterio en la Administración que dirige que en las administraciones encabezadas por cargos del PP, partido que él mismo también preside. No parece coherente aplicar un criterio en la Generalitat y, por otra parte, no exigir que se aplique en las demás administraciones públicas cuyos cargos dependen orgánicamente de él. O todos moros o todos cristianos.

En cuanto al alcance del concepto “imputado” hay que empezar por subrayar lo obvio: todo imputado es inocente en virtud del principio de presunción de inocencia recogido en el Art. 24.2 de la Constitución. Se recibe la denominación de imputado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento abreviado (es decir, cuando el hecho investigado esté castigado con menos de 9 años de privación de libertad) por un juez para determinar si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto delito. Se recibe la denominación de procesado cuando una persona está siendo investigada en un procedimiento ordinario (cuando el hecho investigado esté castigado con más de 9 años de privación de libertad). Una persona imputada o procesada es una persona que está siendo investigada y pasará a ser acusada cuando se cierre la investigación y pase a ser juzgada.

Imputados o procesados, que no acusados, son personas que de momento sólo están siendo investigadas, no están aún acusadas de la comisión de un delito. Y, aclarado ésto, lo procedente desde una perspectiva política es trazar la línea, determinar el momento en que una persona, aún inocente, debe dejar su cargo público. Y no se trata de una decisión fácil de establecer porque en política pocas veces hay marcha atrás y la experiencia ha demostrado que políticos absueltos de toda culpa nunca han podido regresar a sus responsabilidades ni nadie les ha repuesto su honor. A la condena mediática previa, implacable e irresponsable muchas veces, siempre se ha sumado la incapacidad y el egoísmo de las organizaciones políticas para reponer el honor, el crédito y el trabajo de los absueltos. ¿Se debe cesar o forzar la dimisión de un cargo público cuando es imputado? ¿Cuando es acusado? ¿O habría que esperar a que fuese condenado? Los ciudadanos nos hemos acostumbrado al “linchamiento” mediático y partidista de cualquier imputado. Pero ¿es justo? La duda está ahí y no es tanto una duda jurídica como ética.

Sin embargo, sea cual fuere la línea roja que se marque, lo que es indudable es que debe ser, en el ámbito de una organización política, idéntica para todos. No es de recibo que imputados de segundo nivel deban dimitir o sean cesados fulminantemente y los de primer nivel no lo hagan. El criterio debe ser exactamente igual para todos, por lo menos en el ámbito del Partido Popular ya que, al no existir norma igual para todos, cada partido político trazará su nivel de exigencia en función del valor que otorgue a la ejemplaridad frente a las garantías sobre la presunción de inocencia.

Y resulta imprescindible, en el ámbito del PP el establecimiento de un criterio igualitario, porque mientras algunos imputados dejan sus cargos, muchos otros, en idénticas circunstancias los conservan. Baste recordar que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana mantiene a muchos cargos de primera línea en sus puestos pese a estar imputados en distintos procedimientos. Solo en las Cortes Valencianas, el PP tiene siete imputados que podrían llegar a 10: Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Angélica Such por el caso Gürtel; Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, por tres causas diferentes. Y además otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor Luis Díaz Alperi, ya han sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Brugal y pronto podrían ser imputados. Y, al igual que en el Grupo Parlamentario, se mantienen en diversos puestos por toda la Comunidad a distintos imputados.

Se trata de una difícil decisión para el Presidente Fabra y, de paso, para todos los Compromisarios del cercano Congreso Regional que tienen en su mano abordar este asunto con rigor, discutirlo a fondo y adoptar un criterio idéntico para todos los militantes del Partido Popular. Ojala lo hagan y acierten.

Santiago de Munck Loyola

Las actitudes y comportamientos de los personajes públicos, sus hechos, son mucho más relevantes que sus palabras. En estos días de agitación y añoranza para algunos del movimiento 15 M han coincidido dos comportamientos completamente opuestos y muy significativos sobre la ética y personalidad de sus protagonistas. De una parte, D. Julio Anguita ex coordinador de Izquierda Unida ha renunciado por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario y para justificar tal decisión ha dicho que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”. ¡Chapeau! Sí señor, un comportamiento más que ejemplar que pone de manifiesto la honestidad y, sobre todo, la coherencia del Sr. Anguita. Hay que reconocérselo sin ningún tipo de objeción. Y un servidor lo hace desde la más profunda discrepancia ideológica. Lo que ha hecho el Sr. Anguita es todo un ejemplo de un político de los pies a la cabeza, un ejemplo que le sitúa en un plano de superioridad moral sobre los demás políticos que, con seguridad, no le van a imitar.

Y en la otra cara de la moneda de la coherencia y honestidad política tenemos a Pedro Almodóvar (Peeeeedro…). Al Sr. Almodóvar le ha faltado tiempo para correr a la Puerta del Sol y solidarizarse con los indignados. Foto por aquí, declaraciones por allí, un autógrafo por allá y un pequeño baño de multitudes. Almodóvar es un indignado más. Claro, que Pedrito, que no es un pozo de sabiduría política (no se puede n pedir peras al olmo) debe ignorar que entre muchas otras cosas los indignados piden la supresión de las SICAV, ese invento para que los ricos paguen pocos impuestos. Y da la casualidad que nuestro renombrado cineasta, con un patrimonio superior a los 41 millones de euros, tiene varias de estas sociedades para pagar pocos impuestos, proporcionalmente mucho menos impuestos que cualquiera de los indignados.

Como buen miembro de la ceja, la sociedad de Almodóvar El Deseo ha percibido de las arcas públicas las siguientes subvenciones desde 2004 a 2008 por:

1.270.000 euros: para la distribución de “La mala educación”.      

399.000 euros: para la presencia en festivales (Cannes, Venecia, San Sebastián) y la ceremonia de los Oscar            .

383.000 euros: para la producción de ‘El patio de mi cárcel'          .

300.506 euros: para la producción de ‘Hable con ella'         .

250.000 euros: para la obra experimental ‘Historia de la montaña de la bruma'.

167.000 euros: para la conservación de negativos de diversas películas de Almodóvar.

Más de 2.7 millones de euros de dinero público para la SICAV y a tributar al 1 %. Casualmente las sociedades de Almodóvar invirtieron en 2008 dinero en Lux Invest, fondo que invertía en productos tóxicos de Bernard Madoff ¿les suena este pájaro financiero, no?

En fin, que no parece muy coherente que alguien que recibe dinero público en subvenciones, que goza de un considerable patrimonio y que elude el pago de impuestos a través de sociedades financieras legales pero éticamente reprobables, ande por ahí de “indignado”. Sus méritos cinematográficos no se cuestionan, pero su papel de figurante con pretensiones estelares en la Puerta del Sol es patético e indigno. No hay en su comportamiento la más mínima coherencia ética o política. Es la otra cara de la moneda. Y es la cara más dura e impresentable de estos agitados días.

Con su actitud no sólo se pone en evidencia, sino que además pone en evidencia las reivindicaciones de todo un colectivo que con más o menos argumentos reivindica unos postulados muy alejados de los que practica el Sr. Almodóvar. Mi admiración y respeto para el Sr. Anguita y todo lo contrario para Peeeeedro.

Santiago de Munck Loyola

Ayer, 13 de mayo, el Diario El Mundo, en su edición de Alicante, http://elmundo.orbyt.es/2012/05/13/elmundo_en_orbyt/1336894931.html dedicó toda una página a relatar casos de nepotismo en el Ayuntamiento de Alicante. “Ortiz tiene en nómina al cuñado de Castedo y a los hijos del técnico que le da contratos” rezaba uno de los titulares que estaba subtitulado con la siguiente frase “trabajaban para la empresa de limpieza de la ciudad, la adjudicación más cara de Alicante”. Otro titular en la misma página: “Más casos: dos hijas de Alperi, parientes de concejales y el marido de la portavoz” con el siguiente subtítulo “el PP evita reaccionar contra los brotes de nepotismo en Alicante”. La noticia empieza diciendo que la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Inusa, mantiene en plantilla al cuñado de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a los dos hijos del técnico encargado de contratar este servicio en el año 2000, Víctor López,…los tres forman parte de los 600 empleados de Inusa y cobran más de 24.000 euros al año. Más adelante, el periódico añade “la primera edil tampoco ha negado nunca que se haya valido de sus influencias para emplear a gente… Castedo agregó desafiante: lo he hecho porque forma parte de mi trabajo como Alcaldesa, y lo voy a seguir haciendo”. Bajo el titular sobre las hijas de Alperi, el redactor de la noticia detalla además los casos relativos a contrataciones no sólo de las hijas del exalcalde, sino también de la hija y de la sobrina del Concejal Miguel Valor, en puestos de confianza, o el caso del marido de la Portavoz Popular Marta García- Romeu.

No son estos casos únicos en la ciudad o en la Provincia, bastaría repasar nombres de la Diputación Provincial para toparse con relaciones familiares. Ni tampoco se trata de una práctica exclusiva del Partido Popular. Pero la simple lectura de esta información no puede sino causar vergüenza ajena. A lo largo del día, uno ha esperado en balde un comunicado del Ayuntamiento rectificando o aclarando esta información, pero nada. Y no será por sobrecarga de trabajo porque con el elevado número de cargos de confianza en la Casa consistorial bien podrían haber hecho el esfuerzo de ofrecer a los ciudadanos una explicación convincente sobre el fondo de la noticia.

Queda la duda de si entre las funciones de la Alcaldesa está el de pedir empleo a los empresarios para la gente (por cierto, esta función no aparece en la Ley de Bases del Régimen Local) estas peticiones las realiza para cualquier alicantino en paro o sólo para los que conoce por amistad o relación familiar. Es una duda de trascendental importancia porque en nuestra ciudad hay más de 40.000 desempleados que se supone tendrán el mismo derecho que los ya recomendados y colocados a que la Alcaldesa se interese por ellos. Si no es así, malo, malo.

A propósito de estas preocupantes noticias tampoco está de más recordar que el Artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. Por su parte el Artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente y que son motivos de abstención los siguientes:

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Seguro que habiendo contratas millonarias por medio, estos preceptos legales habrán sido tenidos en cuenta y para garantizarlo están los funcionarios habilitados nacionales, perdón, ahora estatales. Un servidor sigue confiando en que se trate de informaciones erróneas o tergiversadas y seguirá esperando una rectificación contundente o una explicación satisfactoria por parte de la Alcaldía de Alicante.

En fin, en todo caso, a veces es mejor no leer algunas noticias.

Santiago de Munck Loyola

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del PPCV en Alicante. En dicho Congreso, amén de la renovación de cargos, se debatirán tres ponencias que teóricamente tendrán una importante repercusión en la vida política del partido y en sus políticas públicas. Los afiliados del Partido Popular, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos, no tienen estatutariamente el derecho a presentar enmiendas a las ponencias congresuales, algo que desde una perspectiva de la participación y la democracia interna chirría bastante. Pueden ser apoderados o interventores cuando hay elecciones, pueden pagar sus cuotas de afiliación o acudir a rellenar los actos del partido cuando son convocados, pero no pueden enviar enmiendas a las ponencias que se discuten en los diferentes congresos territoriales, algo que en la era de las comunicaciones, de las redes sociales y de la información carece de sentido.

Sólo los afiliados que resultan “elegidos” compromisarios tienen el derecho a presentar enmiendas a las ponencias a discutir en un Congreso del Partido Popular. Y ya se sabe que para poder ser compromisario en la ciudad de Alicante hay que ser miembro de alguna “familia” o participar de alguna “sensibilidad” dentro del partido. Dicho de otro modo: o tienes etiqueta o no tienes nada que hacer. Lo de las “familias” suena bastante mal, la verdad, más que nada por las connotaciones peyorativas de la expresión cuando se aplica ciertos colectivos. Lo de las “sensibilidades” recuerda bastante a aquel “contraste ordenado de pareceres” del tardofranquismo. En todo caso, por más que uno repase los estatutos del partido Popular ni las familias ni las sensibilidades aparecen por ningún sitio, sólo se menciona al afiliado como sujeto de derecho y obligaciones. Por tanto, cuando se cierran listas a compromisarios por “consenso” entre las distintas “familias y sensibilidades” existentes en el partido parece evidente que se está hurtando el protagonismo a los únicos que pueden establecer consensos, los sujetos de los derechos y obligaciones, es decir, a los afiliados.

Según recoge el Diario Información en su edición de hoy (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/13/enmienda-plantea-castedo-barbera-rus-tengan-renunciar-escano-cortes/1253137.html) se ha presentado una enmienda a la ponencia de estatutos del próximo Congreso del PPCV por parte de D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no puedan compatibilizar ese cargo con otros. Concretamente, con un escaño en las instituciones provinciales y las cámaras autonómicas. Se trata de una excelente iniciativa, ya propuesta desde estas páginas haces meses, para evitar el pluriempleo de los políticos, aunque sólo sea parcialmente. Lamentablemente y tal como se señala el periódico en esa misma información y tras consultar con fuentes del Partido Popular es muy posible que no prospere o que, de hacerlo, sea muy adulterada. Es más que sintomático que con casi 900 compromisarios el número de aportaciones, de enmiendas, no llegue ni a las 500. Tan elevado grado de conformidad es algo decepcionante.

Esta enmienda, que podría ser mejorada y ampliada, participa de lleno del sentido común y de una exigencia ética que debería ser insoslayable para quienes habrán de votarla. Los puestos de alcaldes o de diputados están pensados y retribuidos para que los desempeñe una persona con absoluta dedicación. Ser alcalde de Alicante o diputado por la provincia es lo suficientemente relevante e importante como para que no se deba ni se pueda simultanear con otra dedicación. Hacer lo contrario, simultanear una alcaldía con un escaño, es sencillamente no hacer bien ninguna de las dos cosas. Y si se pretende afirmar lo contrario se deja en evidencia a los que sólo se dedican a su escaño o a su Alcaldía.

Las incompatibilidades deben ser hoy más rigurosas y claras que nunca. Los vecinos, los contribuyentes, los electores se merecen que los cargos electos se dediquen al cien por cien al puesto para el que han sido elegidos. Es preciso acabar con las prácticas de acaparamiento de puestos públicos por algunos insaciables coleccionistas de cargos y no sólo por la exigible dedicación y eficacia en el desempeño de los mismos, sino como medida ejemplarizante de la regeneración y la ética políticas. La norma debería ser igual para todos: una persona, un cargo, una sola retribución proveniente de las arcas públicas. Y ya está bien de acudir a subterfugios: cobrar un solo suelo público pero ampliarlo con dietas, asignaciones u otros pagos provenientes también del erario público. Y al que no le convenga que se vaya a su casa que esto de la política no es obligatorio y que a nadie se le pide que se sacrifique abnegadamente por la colectividad. Lo más probable es que muchos, si se tuviesen que buscar la vida en el sector privado, nunca alcanzarían ni de lejos los sueldos que cobran del erario público. Lo dicho, el pluriempleo de los cargos públicos es un fraude a los votantes y hay que acabar con él.

Santiago de Munck Loyola

La falta de dinero para poder sostener el conjunto de las administraciones y, por tanto, el conjunto de las prestaciones públicas se traduce en una serie de medidas de ahorro camufladas bajo distintas denominaciones que en muchas ocasiones ponen los pelos de punta. Los anuncios, los globos sonda, las rectificaciones o las matizaciones se suceden a diario ya se hable de educación, de pensiones, de sanidad o de infraestructuras. Unas veces nos anuncian que nos van a cobrar por usar las autovías que ya estaban pagadas y amortizadas, otras que vamos a tener que pagar más por los medicamentos, antes nos dijeron que los años que habíamos cotizado para cobrar una pensión ya no valían y que había que cotizar más años, después nos quitaron el cheque bebé y así sucesivamente. Anuncios, amenazas, amagos, reformas y contrarreformas constituyen el pan nuestro de cada día. Eso sí, si hay que salir corriendo a salvar a Bankia, no se corre, se vuela.

Lo cierto es que no hay dinero para todo. Lo cierto es que hay más de cinco millones de parados en nuestro país y que el siguiente en engrosar la larga lista puede ser cualquiera de nosotros. Lo cierto es que cada año 200.000 familias se quedan sin vivienda. Lo cierto es que casi dos millones de personas ya no reciben ayuda pública alguna. Y lo cierto es que estamos donde estamos porque la mayor parte de la clase política, de todos los colores, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y no ha sabido hacer bien su trabajo ni en ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en el Estado. Puede haber muchas causas que hayan propiciado que hayamos llegado hasta aquí en estas condiciones, pero es evidente que nuestra clase política debería haber estado lo suficientemente preparada y capacitada para haberlo previsto y para haber sabido mitigar o paliar los efectos de esas causas externas o internas. Y no lo ha hecho.

Hace tiempo ya que la clase política renunció a “hacer política” y se transformó en una casta gestora, desplazando a los profesionales, sin estar lo suficientemente preparada para ello y ajustando su comportamiento a los dictados del marketing político. Los políticos nos han venido contando lo que queríamos oír para lograr nuestro voto. El relativismo social y moral imperante ha producido un relativismo político igual de ambiguo y acomodaticio. El ser humano, la persona hace tiempo que, pese a los discursos ideológicos, ha desaparecido de la agenda y del centro de toda actuación política. El poder y su conquista o conservación es el centro real del pensamiento y de la acción política por encima de cualquier otra consideración. Los gobiernos adoptan medidas y programas con tenues e imperceptibles fronteras ideológicas perfectamente intercambiables.

Si la persona, si el ser humano estuviesen en el centro de la acción política a nadie se le ocurriría adoptar medidas que pudieran suponer poner en riesgo la salud y la vida de los individuos. Bien está que se racionalice el sistema sanitario; bien está que de una vez se diseñe un catálogo de prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos con independencia del territorio de España donde residan; bien está que se acabe con el turismo sanitario y con el abuso que supone, por ejemplo, el empadronamiento fraudulento de 140.000 vecinos portugueses para beneficiarse de nuestra sanidad; bien está, si no queda más remedio, que se paguen por quien tenga capacidad económica para ello determinadas prestaciones sanitarias. Pero plantearse la posibilidad de dejar sin asistencia sanitaria a los llamados “sin papeles” es inmoral. Si durante años hemos permitido que cientos de miles de personas se instalasen en nuestro país de forma irregular no podemos ahora dejarles sin prestación sanitaria. Regúlese la inmigración de una forma lógica y racional, adóptense las medidas a que haya lugar respecto a los inmigrantes irregulares, legalizando su situación o repatriándoles a sus lugares de origen si fuere preciso, pero mientras sigan viviendo con nosotros no podemos dejarlos sin atención sanitaria. Es una cuestión de principios, de derechos humanos, de sentido común y de ética elemental.

Santiago de Munck Loyola

Por si no tuviésemos bastante con los problemas sociales, políticos y económicos que recorren nuestro país, la Monarquía española también da que hablar lo suyo. A las andanzas del Sr. Urdangarin, a las salidas de tono de D. ª Letizia, a las torpezas cinegéticas de su Majestad hay que añadir ahora sus andanzas extraconyugales aireadas por los medios de comunicación. Ayer mismo, un importante diario nacional, publicaba en su suplemento dominical un detallado relato sobre las infidelidades de D. Juan Carlos a lo largo de los 50 años de matrimonio con D.ª Sofía. Y junto a este escabroso relato la opinión e 25 personajes de toda clase y condición sobre los 50 años de matrimonio de la pareja regia. Algunas de estas opiniones son de un tono tan babosamente cortesano que no merecen ni siquiera el más mínimo comentario.

Ya con ocasión del accidente del Rey en su cacería de elefantes africanos, algún que otro comentarista radiofónico calificaba de “desagradecidos” a cuantos tuviesen la osadía de criticar la actitud y las actividades privadas del Rey. Decía que los españoles olvidábamos muy pronto todo lo que le debíamos a D. Juan Carlos por su actitud en la noche del 23 de febrero de 1981. Y sobre esa noche y sobre la actitud del Rey o de los propios golpistas quizás habría mucho que hablar pues muchas incógnitas aún no han sido despejadas. Pero, en todo caso, aquella noche el Rey no hizo otra cosa que cumplir con su obligación, con su deber, aunque tardase más de lo esperado en comparecer ante las cámaras de Televisión. Cumplió con su obligación, es decir, defender la Constitución y ordenar a las FFAA su acatamiento. Constitución que, por cierto, si no recuerdo mal, no ha sido jurada por el Rey. Está fuera de lugar reclamar a los españoles una actitud de agradecimiento permanente hacia el Jefe del Estado por cumplir con su trabajo, trabajo por el que, además, está bastante bien pagado. El recuerdo distorsionado de la noche del 23 F no puede ser un aval para todo lo que haga o deje de hacer el Rey.

Ahora sabemos lo que antes no pasaba de simples rumores: que la conducta privada del Jefe del Estado no es ejemplar. El asunto no pasaría del ámbito estrictamente privado sino fuera por dos circunstancias especiales. En primer lugar, porque el Jefe del estado es un Monarca, porque estamos hablando de una Monarquía y una de las principales cualidades que se supone debe encarnar la Monarquía es la ejemplaridad y aquí no se da, se mire por donde se mire. Si se tratase de un Presidente de la República cuya vida privada tampoco fuera ejemplar los ciudadanos que no aprobasen ese tipo de conductas lo tendrían fácil, la reprobarían mediante el voto en las siguientes elecciones. Aquí no se da el caso. En segundo lugar, porque los devaneos sexuales del Monarca se han elevado a la categoría de sus actividades oficiales. Es público y notorio que en tres viajes oficiales, al menos, la amante del Rey le ha acompañado y es de suponer que a costa del erario público.

Si la Monarquía no es ejemplar, no vale en este momento histórico. Si al Rey no le importa dejar en evidencia a la madre del futuro Rey que siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias a muchos ciudadanos sí que les importa.

La opción de la República parece hoy más ajustada a las características y exigencias de nuestra sociedad. Sin embargo, la pretensión de muchos de vincular la alternativa republicana al recuerdo y a la herencia de la Segunda República puede suponer un serio obstáculo para que pueda ser aceptada por quienes la identifican con un modelo cuyo desarrollo y resultado no presentó un saldo muy positivo.

Difícil panorama el que tiene por delante la institución monárquica, sobre todo si pretende seguir asentándose sobre privilegios históricos, asimilando los derechos de los ciudadanos corrientes y renunciando simultáneamente a las tradicionales obligaciones de la Institución. Cierto Ministro de Franco, cada vez que era nombrado un gobernador civil, llamaba al interesado y le decía: “sea usted casto y, si no pudiere, al menos sea cauto”. Nuestro Rey, a lo que se ve, ni lo uno, ni lo otro.

Santiago de Munck Loyola

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, día reivindicativo por excelencia, día de descanso y final de puente para la mayoría, menos para los madrileños, concluye a estas horas salpicado de variadas y curiosas noticias. Los sindicatos han salido a la calle y cumplido su ritual con menos éxito de participación del que sería lógico esperar. Claro que no han salido solos, sino acompañados por los dirigentes del PSOE que estos días andan animando al personal a salir a las calles para protestar contra las medidas del nuevo gobierno. Han decidido asumir el papel del médico despedido por incompetente que se opone a cualquier nuevo tratamiento de su sucesor mientras el paciente agoniza. O el del perro del hortelano. En fin, en todo caso, no parece la compañía más recomendable para legitimar las denuncias y protestas que la situación puede exigir. Hoy se han producido algunas declaraciones y reacciones pintorescas. Ya se sabe que los micrófonos y un auditorio entregado pueden impulsar a algunos a cometer excesos verbales, se crecen, se crecen y sueltan la perla. El Sr. Cándido Méndez de UGT lo ha bordado. Ha acusado al Gobierno del Partido Popular de cruzar el charco (más bien los dos charcos: el Atlántico y el Pacífico) y de importar la legislación laboral china. Y se ha quedado tan fresco. Ya sabemos cómo se las gastan en la República Popular China, pero se le ha olvidado mencionar que allí gobiernan los comunistas. También hoy, la Sra. Valenciano, ha acusado al Gobierno del Partido Popular de no dialogar con nadie y le ha requerido para que hable y negocie sus medidas con todos. ¿En qué quedamos? ¿No había que organizar no hace mucho “un cordón sanitario” contra el Partido Popular? ¿No ha sido esa la consigna socialista durante dos legislaturas?

Pero el día ha dado mucho más de si. Hemos sabido que en España hay 4.000 empresas públicas y que el 90 % de ellas son insolventes con una deuda de 56.000 millones de euros. Vamos, que si fuesen privadas hace tiempo que estarían todas cerradas, pero, claro, ¿dónde colocarían entonces los partidos a todos sus conmilitones? Por su parte, el Presidente Boliviano, Evo Morales, ese pozo sin fondo de sabiduría que afirma que los homosexuales europeos lo son por comer pollo, ha decidido emular a su vecina argentina, la viuda por excelencia, y ha nacionalizado una filial de Red Eléctrica española, causando un nuevo disgusto a nuestro Gobierno. También hemos conocido dos propuestas o medidas gubernamentales que suponen un nuevo “palo” para la mayor parte de las economías domésticas: de una parte los funcionarios enfermos dejarán de cobrar el 100 % de sus haberes y, de otra, es posible que haya que empezar a pagar un peaje por usar las autovías que se supone que están más que pagadas y amortizadas. ¿Se aplicarán estos recortes a sus señorías cuando caigan enfermas o seguirán con sus privilegios sociales y fiscales? Los 36 vehículos oficiales del Congreso de los Diputados (pobres Diputados que no ganan lo bastante para comprarse un coche) ¿pagarán también peajes? Hoy también los medios de comunicación se hacen eco del lanzamiento en España del nuevo modelo de la firma automovilística Tata. Un chollo, por 113 € al mes y sin entrada, un coche. Mira por donde ya saben dónde pueden acudir sus señorías para motorizarse a cargo de su propio bolsillo y no de las arcas públicas.

Este día ha traído más novedades. El Sr. Urdangarin quiere pactar con la fiscalía. Se declara culpable, paga 3,7 millones de euros y ni hay juicio, ni cárcel. ¡Hombre! No está mal la idea. Claro que como su suegro, el terror de Dumbo, dijo no hace mucho éso de que la Justicia es igual para todos, de prosperar esta idea cualquier mangante pillado con las manos en la masa lo tendría fácil: se declara culpable, devuelve lo robado y a correr. Por su parte, los Ministerios siguen con sus Planes de austeridad. En el del Sr. De Guindos se gastan casi 700.000 € para que los altos cargos aprendan inglés. Digo yo que para manejar la contabilidad nacional no debería ser imprescindible el inglés y que si de lo que se trata es de algo relacionado con nuestra proyección exterior, para eso está el Ministerio de Asuntos Exteriores que por cierto, practicando esa austeridad, acaba de repartir 290.000 euritos a las fundaciones de los Partidos Políticos. Todos han pillado cacho, ninguno ha protestado. Una recomendación, Sr. De Guindos, compre fascículos de inglés, son más baratitos. Y, si no, haga como con los funcionarios enfermos: el alto cargo que no aprenda inglés por su cuenta no cobrará su sueldo íntegro. Así no sólo se ahorrará esa pasta en cursos, sino que además pagará menos sueldos. Ya sabe, leña al mono hasta que hable inglés o chino, si hace caso al Sr. Méndez.

En fin, un día bastante completo e interesante. Un panorama cuando menos curioso de esta España oficial que nos toca vivir. Menos mal que la real, la de la calle es mucho más sana y sensata.

Santiago de Munck Loyola

Si la política hace a veces
extraños compañeros de cama, parece que el ejercicio del poder convierte a
algunos políticos, en ocasiones, en extraños travestis. El caso es que los no
somos socialdemócratas, los que creemos más en las libertades y en las
capacidades del individuos asistimos atónitos al desarrollo de unas políticas
para combatir la crisis que son exactamente iguales o muy parecidas en algunos
casos a las que veníamos denunciando y combatiendo hace tan sólo poco más de cuatro
meses. Durante años y años hemos venido sosteniendo que recurrir a subir los
impuestos no era la solución para aumentar los ingresos del Estado, que el
incremento de la presión fiscal sólo servía para aliviar temporalmente las
necesidades de la tesorería pública pero que, a la larga, se producía más paro
y menos recaudación. Esta convicción estaba, además, avalada por la cercana
experiencia de los primeros años de Gobierno del Partido Popular.

A nadie se le escapa la gravedad de la situación de nuestra economía y de nuestras cuentas públicas. Es evidente que, si no se gasta menos y se ingresa más, no será posible atender al pago de los intereses de la deuda, casi 30.0000 millones anuales, el equivalente al salario anual de todos los funcionarios, y mucho menos amortizar la deuda que genera esos intereses anuales. Para gastar menos se han empezado a adoptar importantes medidas, los llamados recortes, que afectan a todos los sectores de la actividad pública. Sin embargo, hay mucho que cuestionar sobre las prioridades consideradas a la hora de recortar. Es moralmente inadmisible que se prefiera recortar en la factura de los medicamentos y que no se supriman las televisiones autonómicas que generan anualmente una deuda cercana a los 1.000 millones de euros, como lo es el hecho de que se prefiera recortar los fondos destinados a la investigación antes que suprimir los más de 300 millones de euros anuales destinados a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, por citar sólo dos ejemplos de prioridades en el ahorro perfectamente cuestionables. Bien está que se pongan a acabar con el abuso del llamado turismo sanitario que nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, bien está que se supriman las duplicidades en las administraciones públicas o que se racionalicen y controlen las subvenciones y ayudas que se otorgan en todos los campos, pero el Gobierno no está acertando a la hora de priorizar todos los recortes. Que hay que gastar menos es evidente, pero ¡ojo! Austeridad para todos y más austeridad para los que más tienen.

Y junto a la reducción del gasto resulta inevitable aumentar los ingresos para poder pagar las deudas existentes. El Gobierno se ha encontrado con que tenía que recaudar más de lo previsto, entre otras cosas, porque las cifras que nos ofreció el Gobierno anterior el pasado 18 de noviembre eran falsas. Y el Gobierno ha apostado por la vía fácil: subir los impuestos, es decir, apretar las tuercas a los que ya veníamos cumpliendo con hacienda. Los de siempre. Pues bien, volviendo al principio de estas líneas, no somos pocos y por eso, entre otras razones, quizás ganó el PP las elecciones, los que creíamos y creemos que subir los impuestos a los contribuyentes supone automáticamente que el consumo cae y si se consume menos se produce menos y si se produce menos se requieren menos empleados y si se necesitan menos empleados aumenta el desempleo y si el paro aumenta crecen las cargas sociales públicas y, en consecuencia, el estado necesita más dinero y ¿qué hacer entonces? ¿Otra vuelta de tuerca? Es la pescadilla que se muerde la cola. La experiencia demostró que bajando los impuestos, los particulares disponemos de más dinero para consumir y, por tanto, se reactiva la economía, aparecen más empresas que empiezan a tributar, más asalariados que también tributan y menos desempleados lo que provoca la disminución de los gastos sociales.  Sólo se puede generar empleo si el dinero circula, si hay actividad económica. Los bancos siguen ganando pero no sueltan un duro para dar fluidez al mercado, el Estado no sólo no tiene dinero sino que además se lo retira a los ciudadanos a través de los impuestos y, mientras, el paro llega a los 5.600.000 desempleados. Y hay que recordar que en España la inmensa mayoría de los puestos de trabajo los crean las pequeñas y medianas empresas, pero sin dinero circulante no tienen nada que hacer.

Hoy de Guindos, este extraño ministro importado de Lehman Brothers, nos acaba anunciar una nueva subida de impuestos, es decir, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, menos consumo, más paro, etc. Un vez más, los que nos creíamos un determinado modelo para salir de la crisis y nos lo seguimos creyendo no nos podemos identificar con estas medidas. Nos empezamos sentir huérfanos ante unos anuncios fiscales de claro tinte socialdemócrata y ajenos a toda una trayectoria ideológica. El Gobierno está apostando por medidas miopes, a muy corto plazo, medidas contrarias a su programa y a su ideología que quizás puedan servir para tranquilizar a los mercados pero que, desde luego, intranquilizan, irritan y ponen los pelos de punta a sus votantes y a los militantes que sostienen su partido. Sólo podemos decir: No es ésto, no es ésto. Y para este viaje no se necesitan alforjas.

Santiago de Munck Loyola

Dicen que los trapos sucios hay que lavarlos en casa. Es un buen consejo pero los problemas surgen cuando la lavadora no funciona y cuando ni siquiera hay agua para realizar esa tarea. Y éso es lo que parece que pasa en la casa Popular: o no hay agua corriente, o la lavadora está rota o el encargado de la tarea ni está, ni se le espera. Así que no queda otra que sacar la colada fuera, a la lavandería.

En el pasado mes de febrero, los dirigentes del Partido Popular de la ciudad de Alicante se saltaron olímpicamente los estatutos del Partido y el Reglamento del Congreso Nacional al no remitir a los afiliados las normas y documentos necesarios para que pudieran presentarse como compromisarios al Congreso Nacional. Es decir, actuaron antidemocráticamente para evitar unas elecciones internas que se habrían producido en el caso que se hubiesen postulado más candidatos a compromisarios que el número de puestos asignados a Alicante y, con ello, se aseguraron dichos puestos para la camarilla dirigente. Se presentó una reclamación al Presidente local y éste no ha tenido aún ni la decencia y cortesía de responderla. Se denunció esta grave vulneración de la democracia interna a la Secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, y al día de hoy ni ha respondido. Se comprende que la Presidencia de Castilla la Mancha absorba la mayor parte de su tiempo, pero si ello le impide cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como Secretaria General debería ir planteándose su continuidad en las labores internas del Partido, porque los afiliados merecen un mínimo de respeto y la democracia interna es lo suficientemente importante como para que dedique un mínimo de atención.

Pues bien, ahora toca el Congreso regional del PPCV y los dirigentes alicantinos han vuelto a repetir la operación. Las Bases para la elección de compromisarios para el XIII Congreso Regional señalan:

c) La convocatoria para la elección de las Asambleas que han de elegir los compromisarios será realizada por escrito, por los Presidentes Provinciales con una antelación mínima de 10 días, es decir, que dicha convocatoria tendrá que estar en correos el día 20 de abril.

d) Las convocatorias se dirigirán a cada uno de los afiliados sin excepción, y deberán indicar lugar, fecha y hora del comienzo de la Asamblea, duración del período de votación, que no será superior a 6 horas, número de compromisarios a elegir y bases para presentación de candidatos.

Parece que estas normas están bastante claras y que ofrecen pocas dudas sobre su contenido. Sería bueno saber qué parte de las mismas no han entendido los dirigentes del PP alicantino porque, al día de hoy, los afiliados no han recibido carta alguna y el plazo para presentar candidaturas concluye el día 27 de abril a las 12 horas. Es evidente que se trata nuevamente de una grave irregularidad, de una clara vulneración de la democracia interna, y van dos, perpetrada por los dirigentes populares de la Ciudad de Alicante.

Pero esta vez la cosa no va a quedar así. Se ha impugnado el procedimiento y si no se invalida y se repite se va a abrir la vía jurisdiccional hasta sus últimas consecuencias. No son pocos los afiliados populares cansados de estas prácticas caciquiles y se va a constituir en breve una plataforma para la regeneración del partido, desde las bases, como debe ser. El PP de la ciudad de Alicante no puede seguir siendo un coto cerrado a los afiliados y a la sociedad alicantina. Unos dirigentes locales que no respetan a sus afiliados seguramente tampoco respetarán al resto de los ciudadanos. Eso tiene que acabar ya. Y a ver si arreglan la lavadora.

Santiago de Munck Loyola

Señala el dicho popular que en ocasiones la realidad supera la ficción y es cierto. Nuestra Constitución recoge un amplio catálogo de derechos fundamentales y lo hace de manera especial al otorgarles una especial protección que se pone de manifiesto, incluso, en los propios mecanismos de reforma constitucional. Sin embargo, la realidad diaria evidencia que, no sólo muchos de estos derechos fundamentales no pasan de ser un simple deseo u objetivo a cumplir sino que, además, otros derechos, más fáciles de tutelar y proteger, son sencillamente ignorados o directamente vulnerados por algunas administraciones públicas.

Dentro del Capítulo II, sobre los “derechos y libertades” de la Constitución española el Artículo 17 señala, por ejemplo, que todas las personas tienen derecho a la seguridad y el Artículo 24.1 dice textualmente que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” Por su parte, el Artículo 53 establece que: “1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.”

Parece que estos Artículos ofrecen pocas dudas sobre su contenido y alcance al lector. El ejercicio de los derechos recogidos en el Capítulo II, incluido el derecho a la seguridad y al honor, deben ser protegidos, vinculan a los poderes públicos y deben ser tutelados por los Tribunales. Pues algo tan meridianamente claro parece que se lo pasa por el “arco del triunfo” el Juzgado de Instrucción nº 1 de Novelda. Esta apariencia se sustenta en los siguientes hechos.

El 18 de noviembre de 2009, D.ª M.ª José Romero Murias, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Novelda, dictó la sentencia nº 159/09 en la que condenó a J.A.V. como autor criminalmente responsable de una falta de amenazas (Art. 620.2 del C.P.) contra un funcionario público. El condenado recurrió dicha sentencia y más de dos años después, el 3 de abril de 2012, la Audiencia Provincial de Alicante dicta la sentencia 000167/2012 en la que dice lo siguiente: “En el presente supuesto dictada sentencia con fecha 18 de noviembre de 2009 e interpuesto recurso de apelación en tiempo y forma, tras dar traslado a la parte contraria, con fecha 28 de enero de 2010 se dictó providencia acordando la remisión a esta Audiencia Provincial, quedando la causa paralizada sin remisión efectiva… Es claro y evidente que la causa ha estado paralizada por período superior a seis meses, y por ello debe revocarse la sentencia de instancia y absolver al denunciado por prescripción de los hechos”. ¡Toma ya!

Es decir, que como el Juzgado de Instrucción de Novelda, deliberada o accidentalmente, no cumple con su deber procesal de enviar la documentación a la Audiencia y han pasado más de seis meses, ésta, de oficio, en vez de desestimar el recurso del condenado, lo estima y sin discutir los hechos por los que fue condenado, que quedan como probados, le absuelve y deja sin tutela judicial efectiva al ofendido y amenazado, es decir, a la víctima. Eso sí, será cosa del corporativismo, pero ni una palabra en esta sentencia de la Audiencia sobre las responsabilidades que pudieran corresponder a los funcionarios del Juzgado de Novelda por no haber cumplido con sus obligaciones legales y por haber vulnerado los derechos fundamentales de la víctima y provocar con ello la indefensión de la misma.

¿Qué pensar de todo ello? ¿Que el condenado tenía amigos en el juzgado de Novelda que han retrasado intencionadamente el envío de la causa a la Audiencia para que prescribieran los hechos, que están tan saturados de trabajo en Novelda que no les ha dado tiempo a enviarlo en plazo, que los expedientes se pierden en el Juzgado o algo mucho peor? El responsable o la responsable del envío a la Audiencia que ha incumplido su deber ¿tendrá nombre y apellidos, no? ¿Se podrán exigir responsabilidades, no?

Muchos de nuestros derechos fundamentales (derecho al trabajo, a la vivienda,…) son desgraciadamente papel mojado ante una realidad como la que nos toca vivir, pero si a ello sumamos que incluso los derechos fundamentales fáciles de proteger y tutelar son ignorados por la administración de justicia en los escalones más primarios, vulnerando con ello de forma evidente la propia Constitución, vamos listos. Así nos luce el pelo.

Santiago de Munck Loyola