Llanes, María TORAÑO
El
Juzgado de instrucción número 1 de Llanes ha solicitado tres años de
prisión, con inhabilitación especial para la profesión de criador de
ganado durante dos años, para un empresario local como presunto autor
de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al
haber realizado vertidos ilegales de purines junto a la localidad de La
Pesa de Pría. La juez, que ha remitido la causa a un Juzgado de lo
penal de Oviedo, ha solicitado la misma pena para un empleado de la
explotación. El auto de la juez instructora incluye la petición de una
multa de 18 euros diarios durante 18 meses (unos 9.720 euros) para cada
uno de los dos acusados, los cuales ya han tenido que aportar fianzas
entre los 3.000 y los 30.000 euros.
La juez considera que los
responsables de la explotación agrícola denunciada han vertido
presuntamente durante casi dos décadas más de cuatro millones de litros
de purines al año -principalmente de cerdos- en terrenos y fosas de La
Pesa de Pría. Los vertidos podrían haber afectado a los acuíferos de la
zona y a la desembocadura del río Guadamía, según la denuncia inicial,
presentada en 2007 por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes
(AVALL), y las conclusiones del fiscal. El vertido contaminante podría
haber afectado también a la fuente de Los Milanos y a un terreno
comunal calificado de especial protección por Costas.
El
colectivo vecinal denunciante ha pedido que testifiquen diferentes
personas afectadas y un perito, así como el delegado del Gobierno,
Antonio Trevín, y la alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo.
AVALL considera «fundamental» el testimonio de Trevín, ya que como
Alcalde durante varios años del municipio era «conocedor directo del
problema» e, incluso, llegó a «firmar con otras personalidades un
documento para la pronta recuperación de la fauna del río Guadamía».
Por otro lado, Álvarez Campillo podría testificar sobre «el estado del
hábitat previo a los daños» y para informar al Juzgado acerca de los
motivos por los cuales su Administración «no llevó a cabo las acciones
pertinentes en defensa del patrimonio natural devastado».
Los
representantes de AVALL María José Rodríguez y Domingo Goñi se
mostraron ayer «satisfechos» con las medidas de la justicia» y
explicaron que el colectivo había solicitado cuatro años de cárcel para
el propietario de la explotación y una multa más elevada. Además, la
agrupación solicitaba la recuperación de cuatro zonas naturales,
mientras que el auto de la juez considera sólo tres. «La intensidad del
trabajo en la granja es la misma que hace años, sólo que ahora vierten
en otros sitios. Lo recoge otra gente -que tampoco son gestores
autorizados- y lo lleva para la zona de Posada», aseguraron.
