Los españoles no elegimos al Presidente del Gobierno

A veces es necesario recordar en voz alta lo que resulta obvio: pese a la parafernalia americanizada del marketing electoral, con carteles y debates en directo entre los presuntos candidatos a Jefe del Gobierno español, los españoles no van a elegir el 9 de marzo ni a Zapatero ni a Rajoy como Presidentes. Es más: entra perfectamente dentro de lo posible, y (lo que es más grave) legal, que el nuevo presidente sea otra persona, independientemente de lo que voten los españoles.

Al parecer, es preciso recordar a nuestros ciudadanos nuestro sistema constitucional: el próximo nueve de marzo lo que vamos a elegir son los diputados y senadores de las Cortes, que se renuevan cada cuatro años. Los diputados se eligen en listas cerradas y bloqueadas, con lo que saldrán elegidos tantos miembros de la lista como los que toquen con el reparto de votos, gente que, al partir del tercero de la lista, nadie conoce, y su colocación en la lista ha dependido de su lealtad a los jefes del aparato del partido, más que a su verdadera capacidad.

Una vez elegidos, y constituido el recién elegido Congreso de Diputados, el Rey, previa consulta con los jefes de los grupos parlamentarios, propondrá a su propio criterio a un candidato a Presidente del Gobierno (Véaso el Art. 99, del Título IV de nuestra Carta Magna).

Este candidato suele ser el que tiene más probabilidades de ser elegido al primer intento (por eso el Rey consulta previamente a cada grupo parlamentario sobre sus intenciones de voto). Ahora bien, ¿qué ocurre si existiese un empate técnico? Es una situación que nunca se ha dado, pero entra dentro de lo posible: un candidato tiene más votos, pero menos diputados que el otro, la diferencia es mínima, y los apoyos parlamentarios están equilibrados en uno y otro sentido.

En una situación así, o similar, el poder de decisión del Rey trasciende mucho más que el papel que nos han vendido de figura meramente representativa: la decisión de elegir quién se va a someter primero a votación puede equivaler en la práctica a decidir quién va a ser elegido, con independencia de la opinión mayoritaria de los ciudadanos.

Este es un gran inconveniente de nuestro sistema constitucional, pero existe otro que me parece más preocupante.

Supongamos que todo marcha con normalidad y es elegido presidente del Gobierno el candidato del partido con más apoyos parlamentarios. Perfecto. Pero al poco tiempo, y por “movidas” extrañas dentro del partido, que el nuevo Presidente no controla tanto como desearía, pierde el control sobre sus propios diputados.

Puesto que al Presidente no le eligen los ciudadanos (como erróneamente se cree), sino los diputados, estos perfectamente podrían decidir su destitución mediante una moción de censura (Ver Arts. 113 y 114 del Título V): la elección de un candidato alternativo a Presidente, que supondría la destitución automática del existente.

También es posible que, para evitar dicha maniobra, el Presidente se adelante pidiendo la aprobación de una moción de confianza (Arts. 112 y 114 del mismo Título). Tiene la ventaja de que, para su aprobación basta con la mayoría simple (más síes que noes de los asistentes), frente a la mayoría absoluta necesaria para la moción de censura (la mitad más un voto de todos los diputados a favor).

Incluso, si previera que podría perder su propia moción de confianza, tendría el último recurso de disolver las Cortes y convocar elecciones (Art. 115), pero ¡ay!, las elecciones la ganan los partidos, no las personas. Si el ya Presidente en funciones no cuenta con el apoyo del aparato de su partido, que propondría su propio candidato, tendría muy difícil ganar la reelección, sobre todo después del desgaste que supone su deslegitimación por parte de su propio partido.

Y esta no es, como la anterior, una mera cuestión teórica: ya ha sucedido en el pasado. En 1979 los españoles votaron mayoritariamente al partido de la UCD (Unión del Centro Democrático), liderado por Adolfo Suárez, para que liderara la primera legislatura constitucional de la España contemporánea. Pues bien, después de año y medio de acoso de su propio partido, y por razones que nunca terminó de explicar suficientemente, Adolfo Suarez dimitió de su cargo en febrero de 1981, y su partido propuso como candidato a Leopoldo Calvo Sotelo, personaje eficiente, pero tan gris que en la vida habría ganado una elección democrática. Tras este cambio, a espaldas de los españoles (entonces, demasiado impresionados por el intento de golpe de Estado de Tejero, Milans del Bosch y Armada, que precisamente se produjo mientras se votaba la investidura de Calvo Sotelo en el Congreso de Diputados, el 23 de febrero de 1981), Calvo Sotelo procedió a aplicar un programa político que nunca se explicó a los españoles, y que no fue objeto de debate en 1979: reconversión industrial, Plan Energético, impulso a la integración en la Comunidad Europa, ingreso directo en la OTAN (una causa tan impopular en su momento como lo fue la Guerra de Irak hace pocos años), recuperación del control de RTVE (entre febrero y octubre de 1981 el medio público fue verdaderamente público en toda su Historia), etc.

Calvo Sotelo no se presentó a la reelección, pero su labor ya estaba terminada, su sucesor en el partido, Landelino Lavilla, obtuvo el peor resultado electoral de toda la historia de la democracia moderna, pasando buena parte de los votos de UCD a la Alianza Popular de Fraga (actual Partido Popular), y ganando por mayoría absoluta el PSOE de Felipe González quien... contra todo pronóstico, continuó y profundizó la política de Calvo Sotelo.... pero esa es otra historia.

La cuestión, lo importante, es tener en cuenta que esta historia puede repetirse perfectamente, y que, aunque la gente piense que vota a Zapatero o Rajoy, mañana, por movimientos dentro del partido, podemos ver de Presidente a un señor o señora que en la vida habría obtenido mayoría de haberse presentado a cara descubierta, y aplicando una “hidden agenda” (título de una película de Loach, mal traducido al castellano como “agenda oculta”, cuando es “programa -de gobierno- oculto”), con la que nunca habrían ganado las elecciones.

Así que, más que fijarse en la cara bonita de este o ese señor, analicen más detalladamente las relaciones de poder dentro de cada partido. Esto no ocurrirá mientras el Presidente del Gobierno controlo férreamente a su propio partido. Pero si no fuese así, quién sabe qué estafa electoral nos podrían endosar, con todas las de la Ley por culpa de un sistema constitucional y de elecciones sumamente imperfecto.