La legalidad de ANV
La única opción que podía quedarle a Batasuna, tras el fracaso de ASB y las agrupaciones electorales, era el histórico partido Acción Nacionalista Vasca (ANV). Pero, hay que resaltar dos circunstancias: en primer lugar, ANV condena expresamente en sus estatutos la utilización de la violencia al definirse como "partido patriótico que repudia la violencia"; en segundo lugar, el juez Baltasar Garzón ha dictado un auto basado en el informe conjunto de la Policía y la Guardia Civil, negándose a suspender a ANV, al no encontrar "el más mínimo indicio" de su vinculación con ETA.
La reacción, como siempre visceral, de la derecha extrema ante ambas circunstancias ha consistido en no tener en cuenta el tan solicitado rechazo de la violencia, y en insistir una vez más en la subordinación de los jueces, en este caso el juez Garzón, a los intereses Gobierno.
Detractores o defensores. Depende de la ocasión, por supuesto. El propio Garzón fue el que promovió la ilegalización de Batasuna allá por 2003 y es el que ahora considera imposible ilegalizar a ANV por no encontrar vínculos con ETA, porque sus dirigentes no tienen antecedentes por terrorismo, etc.
ANV se desvinculó de Batasuna en el año 2001 y, tras eso, el Gobierno de Aznar abonó a dicho partido 700.000 euros por los bienes que le fueron incautados por los franquistas (qué paradoja, el PP se lo robó y luego se lo devuelve). Poco después, se produjo un acuerdo público de colaboración entre Batasuna y ANV, pero el Gobierno del PP siguió abonando indemnizaciones a ANV después de dicho acuerdo y cuando la Ley de Partidos Políticos estaba ya vigente. La moraleja es que el partido ANV se ajusta a la Ley de Partidos Políticos.
Lo que parece también claro es que, tras los años de invisibilidad pública de ANV, este partido esta siendo utilizado como herramienta política por Batasuna con el fin de burlar la ley y colar integrantes de la izquierda abertzale ilegal entre los de la izquierda abertzale legal. Sin embargo, la fiscalía del estado está trabajando para que no se cuele nadie. Por eso, como decía, Mariano Fernández Bermejo "Estamos en tensión". Casi 250 listas van a quedar ilegalizadas al sospecharse que alguno de sus integrantes pueda tener alguna relación con Batasuna. Es decir, una muestra más de la claudicación del Gobierno ante ETA.
